¿Cómo se prepara un convenio regulador de divorcio?

Convenio regulador de divorcio.

Una pareja, por desgracia, no es, para siempre, una familia, en teoría, sí. Existe una forma de poner fin a un matrimonio, distinta a la vía judicial. Es lo que se conoce como divorcio de mutuo acuerdo, plasmado en un documento oficial llamado “convenio regulador” que debe recoger todos los aspectos que atañen a la antigua pareja. Te contamos en qué consiste, cómo se hace efectivo y cuáles son sus consecuencias.

La web Conceptos Jurídicos define el convenio regulador como el documento en el que los cónyuges acuerdan las consecuencias personales y patrimoniales de una separación o divorcio. El código civil reconoce a las partes de una pareja la potestad de regular la ruptura definitiva de la relación. Como veremos más adelante, este documento debe ser refrendado por un juez o un notario. A fin de garantizar que el acuerdo sea justo para las dos partes.

Cuando una pareja se hace inviable; es decir, causa más daño que satisfacción, llega el momento de poner fin a la relación. Esto implica resolver aquello que la pareja ha construido o atesorado el tiempo que han estado juntos. El acuerdo de disolución debe atender todos estos aspectos y resolverlos de una forma clara.

Debemos partir de que aunque el divorcio se haya efectuado de mutuo acuerdo, el convenio regulador tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia judicial. Obliga a ambas partes a su cumplimiento.

Un capítulo especial lo representa el cuidado de los hijos, en el caso de que existan. Aunque la pareja se haya disuelto, la familia sigue existiendo. Esto supone que los padres deben ponerse de acuerdo para garantizar el cuidado y bienestar de sus hijos. Por lo que deberían coordinarse y tomar decisiones conjuntas sobre el presente y el futuro de los niños. Al menos, eso es lo que dicta el sentido común.

¿Qué debe recoger el convenio regulador?

Los letrados de Abogados Santander, un bufete de abogados especializados en derecho civil y de familia, con más de 20 años de experiencia, nos dicen que el convenio regulador es un documento complejo que debe abordar todas las cuestiones clave que afectan al divorcio; como la custodia de los hijos y el uso de la vivienda familiar. Estos asuntos, aunque se negocien, deben ser tratados con precisión y con cuidado.

El artículo 90 del Código Civil recoge lo que sería el contenido mínimo de un convenio regulador. Este contenido afecta a tres áreas:

  1. Relación con los hijos. En este apartado se debe establecer quién ejerce la custodia de los niños; o si, por el contrario, si se opta por una custodia compartida. En tal caso, es conveniente especificar cómo se llevará a cabo. También debe regular el régimen de visitas y las comunicaciones entre los padres. Aunque la pareja se divorcie, los abuelos siguen conservando el derecho a ver a sus nietos. Un aspecto que debe reconocerse y regularse en el convenio.
  2. Liquidación del patrimonio común. A tenor del régimen económico matrimonial existente, que puede ser de bienes de gananciales o de separación de bienes, es preciso proceder a la adjudicación de las obligaciones y derechos que afecten al patrimonio conjunto. Poniendo especial interés en el uso de la vivienda familiar. Esta liquidación afecta tanto a los bienes como a las deudas. Su distribución debe hacerse de manera equitativa, teniendo en cuenta el nivel de ingresos de cada una de las partes y los aspectos económicos de los que se hace responsable cada individuo. Buscando beneficiar a la parte más débil económicamente.
  3. Otros aspectos económicos. El convenio regulador también debe regir la cuantía y condiciones de pago de la pensión alimenticia, que el progenitor que no se encarga de la custodia de los hijos debe satisfacer mensualmente para garantizar su bienestar. La jurisprudencia española fija que mientras los hijos no puedan valerse económicamente por sí solos, esta pensión debe continuar abonándose. En determinados casos también se puede establecer una pensión compensatoria, que pretende proteger a la parte más perjudicada por el divorcio, en términos económicos.

Este convenio puede regular otros aspectos relacionados con la antigua pareja, como el destino de los animales de compañía que tuvieran en común, teniendo en cuenta criterios de bienestar animal y de conveniencia personal de los individuos.

¿Cómo se aprueba el convenio regulador?

El convenio regulador debe ser aprobado por un juez o por un notario para que sea efectivo. Esto no significa que con ello se abra un juicio de divorcio. Sencillamente, la autoridad judicial convalida el documento, dotándole de fuerza legal y velando porque el acuerdo sea justo para las partes y se adapte a derecho.

El juez o el notario pueden denegar la aprobación de un convenio regulador, inaugurando, de esta manera, la vía judicial.

El convenio regulador puede ser aprobado por un notario, sin necesidad de que llegue a los juzgados. Haciendo que el proceso sea mucho más rápido. Es lo que se conoce como “Divorcio Exprés”. Este sistema de aprobación no es aplicable en el caso de que existan hijos menores de edad, ya que el Estado tiene responsabilidad tutelar con respecto a la protección de menores.

De hecho, antes incluso de que se formalice el divorcio, un juez puede decretar una serie de medidas cautelares para garantizar el bienestar de los hijos mientras avanza el proceso.

En nuestro país, el divorcio se puede iniciar de manera unilateral; es decir, no es necesario que las dos partes estén de acuerdo en divorciarse para iniciar el procedimiento. Esto sucede así en todos los casos, aunque la disolución del matrimonio se resuelva de mutuo acuerdo.

En este sentido, la forma de proceder más habitual es que la parte que propone el divorcio se reúne con un abogado y redacte un borrador del convenio. El cual, se hace llegar a la otra parte, iniciando un proceso de negociación.

Para llevar a cabo un divorcio de mutuo acuerdo es clave el papel del abogado, ya que como hemos visto antes, el convenio regulador es un documento complejo que debe abordar todos los aspectos que afecten a la pareja. Sobre todo, debe adaptarse a la ley.

La parte que recibe el borrador puede aceptar la autoridad del abogado o buscarse un abogado propio. En el primer supuesto, el abogado que redactó la propuesta de convenio pasa a ejercer un papel de mediador buscando los puntos de concordancia que den lugar al documento final.

El cónyuge que recibe el borrador puede optar por buscar un abogado personal, de forma que la pareja se irá reuniendo acompañados por sus respectivos abogados hasta que acuerden un convenio definitivo para enviar a un juez o notario.

¿Qué pasa si se incumple el convenio?

El abogado de familia, Juan Ríos López, indica en la revista jurídica Legal Today que el incumplimiento del convenio regulador puede tener responsabilidades civiles y/o penales. Todo depende de la cláusula del convenio que no se aplique.

Aunque el convenio regulador es un acuerdo entre las partes, un acto que entraría dentro de ámbito del derecho civil, regula determinadas áreas sensibles protegidas por el derecho penal. Nos estamos refiriendo a todos aquellos asuntos que afecten a los menores.

Así por ejemplo, el incumplimiento reiterado del pago de la pensión alimenticia puede dar lugar a un delito de abandono familiar. Además de subsanar las cantidades debidas, que sería una medida de derecho civil, puede implicar multas económicas y penas de cárcel.

La ruptura del régimen de custodia compartida o del régimen de visitas es otro asunto que puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales. No observar los horarios de entrega y recogida de los menores puede motivar la exigencia de indemnizaciones por daños y perjuicios, así como el establecimiento de medidas judiciales que aseguren que este acto se efectúe con normalidad.

Si el menor es trasladado a otra localidad fuera del periodo de vacaciones, por decisión unilateral de uno de los padres, sin contar con la autorización expresa del otro progenitor, se estaría incurriendo en un delito penal que contiene rasgos comunes con el delito de secuestro. Este es un tema delicado que requiere un tratamiento ecuánime, que va más allá de los simples retrasos en la entrega de los hijos.

No cumplir las cláusulas económicas recogidas dentro del convenio regulador puede dar lugar a un procedimiento civil que busque subsanar la situación. En este sentido, el juez puede imponer multas a la parte desobediente con el objetivo de obligarle a cumplir sus responsabilidades. También puede decidir iniciar la vía de apremio contra el deudor, que puede concluir con el embargo de sus bienes y la subasta pública destinada a cubrir las deudas.

Por tanto, aunque siendo estrictos, un convenio regulador es una figura distinta a un fallo judicial, podemos decir que tiene la misma efectividad que la sentencia. Cualquier incumplimiento puede dar lugar a interponer una denuncia en un juzgado para dirimir la situación.

En mi opinión, siempre es recomendable llegar a un divorcio amistoso que esperar a que lo resuelva un juez, pero debemos ser conscientes que esto no crea un escenario ni más flexible ni más laxo.

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